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Gobierno impulsa ley para crear impuesto a los productos que contaminan

27/05/17 | EL PAÍS

La clasificación de residuos avanza a los tumbos por lo que el buscan acelerar los cambios

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El reciclaje en Uruguay en ralentí

Análisis y Debate

En esta columna nos proponemos esclarecer por qué el reciclaje en Uruguay ha venido decayendo en los últimos años a pesar de los esfuerzos incrementales para aumentar las tasas de recuperación de materialesEl reciclaje en Uruguay y en particular las tasas de recuperación de materiales responden a una multicausalidad, habiendo varios factores que inciden en el mismo, a saber:

Precios internacionales: La caída de los precios internacionales de las materias primas vírgenes y la consiguiente necesidad de llevar a la baja los precios de los materiales post consumo, hace menos atractiva su recuperación.

Economía interna: El incremento del PBI uruguayo y el consiguiente corrimiento de clasificadores de residuos a otros sectores de la actividad económica, redujo la cantidad de personas dedicadas al esfuerzo de recuperación de materiales. De acuerdo al Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo elaborado por Fichtner y LKSur en 2005, el número de clasificadores en Montevideo alcanzaba los 3000 a principio de la década del 90 y ascendió a 7050 en el 2003. Luego, en 2013, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Economía de la FCCEE de la UdelaR ese número se volvió a situar cercano a las 3000 personas.

Formalización: Los crecientes controles y exigencias de formalización del sector de las empresas gestoras yrecicladoras (23 de ellas agremiadas en el seno de CEGRU), empuja los costos de gestión y valorización de residuos al alza, estimulando la opción por la disposición final de materiales o el vertido en basurales.

Regulación deficientemente orientada: De las corrientes de residuos sólidos domésticos, la única que cuenta con regulación que apunta a su recuperación y valorización, son los envases primarios (los que están directamente en contacto con el producto). Estos representan el 7% de los residuos sólidos domésticos (según volúmenes declarados por los envasadores e importadores afiliados al Plan de Gestión de Envases). Según el estudio de LKSur de caracterización realizado en el 2013 para Montevideo, el resto está conformado por orgánicos (41%), papel y cartón (19%), plásticos (16%), cabe aclarar que estas dos últimas categorías incluyen parte de los envases, vidrio (5,7%), pañales y apósitos (3,5%),Inertes pétreos (3,2%), textiles (2,5%), escombros (2,5%), madera y poda (2,3%), metales (2%, varios de estos también son envases). Con lo cual los envases primarios terminan financiando el sistema de recuperación de todos los materiales reciclables. A esto se le agrega que el foco de la implementación del plan de gestión de envases no parece estar puesto en maximizar la recuperación de materiales sino en maximizar la inclusión y formalización de clasificadores informales. El resultado es que ninguno de los objetivos se logra de manera satisfactoria. Pero los aprendizajes que se puede sacar en limpio del Plan de Gestión de Envases quedarán para desarrollar en otro newsletter. 

Indicador del deterioro:Tomemos un buque insignia del reciclaje; la botella de PET (Tereftalato de Polietileno). El esfuerzo de recuperación comenzó a fines de la década de los 90 del siglo pasado con el emprendimiento voluntario denominado Transforeco. La recuperación de PET alcanzó un pico el año 2009 cuando en Uruguay operaban 3 plantas de recuperación de material y su valor en el mercado doméstico se mantenía fuerte. Se estima que en ese entonces se llegó a recuperar cerca de 7000 toneladas de PET en el año, es decir el 70% del consumo de botellas. En 2015 solo se recuperaron 3600 Ton. Las proyecciones para el 2017 no exceden las 1200 T en el año, es decir una recuperación del material cercana al 10%.

En el mismo sentido, el reciclaje de papel y cartón ha bajado entre 2014 y 2015 de 35% a 30%, la chatarra ferrosa varió en la misma dirección de 66% a 60%.

Una luz de esperanza

Una buena señal es que el tema está en el tapete. Todas las instituciones que tienen algún nivel de responsabilidad con el tema, lo tienen dentro de sus prioridades . Se está discutiendo la política nacional de residuos en el seno de una nueva ley nacional de residuos, la Intendencia de Canelones está en vías de aprobación de una nueva ordenanza de residuos, el parlamento tiene en carpeta una ley de bolsas, entre otros esfuerzos. Desde la sociedad civil quisiéramos que los ámbitos de discusión y participación de tenor técnico se multiplicaran y abogamos por ello al igual que una multitud de organizaciones.

Creemos firmemente que es necesario discutir y consensuar una política de estado de largo aliento en relación a la gestión de residuos, que tome en cuenta sin lugar a dudas la inclusión productiva de los clasificadores a la vez que las capacidades existentes actualmente en el seno de empresas gestoras y recicladoras. Pero esta política no puede condenar ni opacar los objetivos ambientales de una buena gestión de residuos, en detrimento de una política pública de inclusión social que debe ser discutida en otro ámbito, con la participación de otros estamentos del Estado y con objetivos probablemente mucho más integrales que sin dudas exceden con creces el ámbito de la gestión de residuos.

   
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Delitos contra el ambiente

Por Guyer & Regules

 

El1° de febrero de 2017 ingresó al parlamento el proyecto de ley dictado por el Poder Ejecutivo que busca incorporar un título específico de “Delitos contra el ambiente” en el Código Penal uruguayo (“Proyecto”).

La importancia del Proyecto radica en que hasta la fecha no se previeron en nuestro ordenamiento jurídico figuras delictuales cuyo bien jurídico protegido fuera el ambiente, con la única excepción del delito de introducción de desechos peligrosos, previsto en la Ley 17.220.

En la actualidad, la Ley 17.283 establece sanciones administrativas por violación de las normas de protección del medio ambiente, tales como: apercibimiento, difusión y suspensión. Por su parte, la Ley 16.112 prevé sanciones de multas entre 10 y 10.000 Unidades Reajustables para aquellos que violen los preceptos de protección del medio ambiente.

El objetivo del Proyecto es incorporar 8 delitos en cuatro capítulos bajo el Título “Delitos contra el ambiente”.

 

El primer capítulo incluye los delitos contra la contaminación donde se encuentran tipificados los delitos de contaminación del aire, contaminación de las aguas y contaminación por residuos o sustancias. La configuración de los mencionados delitos acarrea una pena de 6 meses de prisión a 8 años de penitenciaría. Dentro del primer capítulo también se tipifica el delito de introducción de desechos peligrosos el que se castiga con una pena de 12 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. El Proyecto dispone circunstancias agravantes especiales a los delitos mencionados como la muerte o lesión de una o varias personas como consecuencia del delito, entre otras agravantes.Se establece expresamente que la conducta debe causar daños sustanciales. En el entendido de que toda actividad genera un impacto en el ambiente el Juez deberá determinar si los daños causados tienen la sustancialidad que amerita que el autor del daño sea penalmente responsable. Dicha inclusión en el Proyecto le permite discrecionalidad al Juez.

En su capítulo segundo el Proyecto se ocupa de los delitos contra la biodiversidad castigando con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría la caza, pesca, captura y muerte de fauna en áreas naturales protegidas; la tala, destrucción y alteración de flora en áreas naturales protegidas y el tráfico de fauna y flora protegidas. En este caso también se prevén circunstancias agravantes especiales.

El capítulo tercero del Proyecto propone la tipificación del delito contra la gestión ambiental castigando la falsedad y obstaculización de la fiscalización ambiental con 6 a 24 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a seis 6 años.

Finalmente, el innovador artículo 11 dispone el régimen de responsabilidad para las personas jurídicas que cometieran los delitos mencionados. El sistema universalmente aceptado por Uruguay hasta la fecha es el de la exclusiva responsabilidad penal de las personas físicas, ya que las personas jurídicas carecen de capacidad de culpabilidad. En este sentido establece que serán atribuibles los delitos mencionados a quien ejerciera efectivamente el poder de dirección y/o quien con su participación hubiera contribuido de manera determinante en la ejecución de los mismos. El Proyecto se asemeja a la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en lo que respecta a la responsabilidad. Por otra parte, no se establecen claramente los límites de la participación del sujeto por lo que podrían ser penalmente responsables por la persona jurídica sujetos vinculados a la misma, como un asesor ambiental externo.

   

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